Editado por: Equipo de Redacción OLA
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13 de agosto 2007
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ARGENTINA
RECLAMAN POR CLAUSURA DE DIARIO EN SANTA FE
El Foro de Periodismo Argentino FOPEA emitió un comunicado de prensa repudiando la clausura de la imprenta en la que se compone el diario El Observador de San Lorenzo, localidad de la provincia de Santa Fe, en el centro del país.
El miércoles 25 de julio por la madrugada se realizó el operativo que dejó sin circulación a la publicación que se edita desde hace siete años. Se llevó a cabo por una resolución del Concejo municipal, que argumentó falta de habilitación y queja de los vecinos.
El último fin de semana se presentaron en la imprenta los inspectores junto a la policía para realizar un allanamiento, sin la orden judicial correspondiente. Este procedimiento reveló que las autoridades municipales no atendieron los reclamos a favor de la libertad de expresión provenientes de distintos sectores de la sociedad santafesina.
Con particular alarma, "FOPEA entiende que el Municipio de San Lorenzo ignora el artículo 11° de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que establece que "(...) la prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas restrictivas de su libertad (.). No puede clausurarse las imprentas ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del delito, mientras dure el proceso".
RECLAMAN POR CLAUSURA DE DIARIO EN SANTA FE
El Foro de Periodismo Argentino FOPEA emitió un comunicado de prensa repudiando la clausura de la imprenta en la que se compone el diario El Observador de San Lorenzo, localidad de la provincia de Santa Fe, en el centro del país.
El miércoles 25 de julio por la madrugada se realizó el operativo que dejó sin circulación a la publicación que se edita desde hace siete años. Se llevó a cabo por una resolución del Concejo municipal, que argumentó falta de habilitación y queja de los vecinos.
El último fin de semana se presentaron en la imprenta los inspectores junto a la policía para realizar un allanamiento, sin la orden judicial correspondiente. Este procedimiento reveló que las autoridades municipales no atendieron los reclamos a favor de la libertad de expresión provenientes de distintos sectores de la sociedad santafesina.
Con particular alarma, "FOPEA entiende que el Municipio de San Lorenzo ignora el artículo 11° de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que establece que "(...) la prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas restrictivas de su libertad (.). No puede clausurarse las imprentas ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del delito, mientras dure el proceso".
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COLOMBIA
FIP HACE LLAMADO A GOBIERNO A PROTEGER A PERIODISTAS AMENAZADOS
La Federación Internacional de Periodistas, FIP, condenó la nueva campaña de intimidación de la guerrilla de extrema izquierda en Colombia que amenaza con violencia a estaciones radiales que no transmitan su propaganda. La FIP reitera que el gobierno debe hacer más para proteger a los periodistas convertidos en objetivo por el grupo armado ilegal.
"Los periodistas enfrentan una violencia aterradora en Colombia, por lo tanto el gobierno debe concretar promesas sólidas para protegerlos", dijo el secretario general de la FIP, Aidan White. "Mientras los medios de comunicación son intimidados por grupos armados para que transmitan mensajes políticos con amenazas a la seguridad de los empleados, la libertad de prensa no podrá existir. El gobierno debe intervenir urgentemente".
La semana pasada, tres emisoras en Arauca recibieron la orden de leer un panfleto del Frente X de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, organización armada ilegal, o de lo contrario, serían declarados objetivo militar.
FIP HACE LLAMADO A GOBIERNO A PROTEGER A PERIODISTAS AMENAZADOS
La Federación Internacional de Periodistas, FIP, condenó la nueva campaña de intimidación de la guerrilla de extrema izquierda en Colombia que amenaza con violencia a estaciones radiales que no transmitan su propaganda. La FIP reitera que el gobierno debe hacer más para proteger a los periodistas convertidos en objetivo por el grupo armado ilegal.
"Los periodistas enfrentan una violencia aterradora en Colombia, por lo tanto el gobierno debe concretar promesas sólidas para protegerlos", dijo el secretario general de la FIP, Aidan White. "Mientras los medios de comunicación son intimidados por grupos armados para que transmitan mensajes políticos con amenazas a la seguridad de los empleados, la libertad de prensa no podrá existir. El gobierno debe intervenir urgentemente".
La semana pasada, tres emisoras en Arauca recibieron la orden de leer un panfleto del Frente X de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, organización armada ilegal, o de lo contrario, serían declarados objetivo militar.
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GOBIERNO IMPONE CENSURA PREVIA A COBERTURA ELECTORAL DE RADIOS COMUNITARIAS
La Asociación Mundial de radios Comunitarias (AMARC) expresó su firme rechazo a la decisión del gobierno colombiano de violar la libertad de expresión e información al censurar en forma previa, arbitraria e inconstitucional el derecho de los medios de comunicación comunitarios a informar a sus comunidades sobre las distintas propuestas electorales, hacer entrevistas o promover debates entre candidatos de partidos políticos.
En un comunicado oficial emitido el último 9 de agosto, el Ministerio de
Comunicaciones de Colombia ordenó a los concesionarios del servicio de
radiodifusión sonora comunitaria a "abstenerse de incluir en su programación la intervención de candidatos, debates políticos y propaganda de la actual contienda electoral". La resolución, firmada por la ministra María del Rosario Guerra, entiende que "cualquier manifestación en este sentido se entiende como proselitismo político".
La Asociación Mundial de radios Comunitarias (AMARC) expresó su firme rechazo a la decisión del gobierno colombiano de violar la libertad de expresión e información al censurar en forma previa, arbitraria e inconstitucional el derecho de los medios de comunicación comunitarios a informar a sus comunidades sobre las distintas propuestas electorales, hacer entrevistas o promover debates entre candidatos de partidos políticos.
En un comunicado oficial emitido el último 9 de agosto, el Ministerio de
Comunicaciones de Colombia ordenó a los concesionarios del servicio de
radiodifusión sonora comunitaria a "abstenerse de incluir en su programación la intervención de candidatos, debates políticos y propaganda de la actual contienda electoral". La resolución, firmada por la ministra María del Rosario Guerra, entiende que "cualquier manifestación en este sentido se entiende como proselitismo político".
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VENEZUELA
PERIODISTAS ACUSADOS DE RECIBIR FONDOS DE EEUU EXIGEN DERECHO A RÉPLICA
Un grupo de periodistas venezolanos acusados por diputados oficialistas de ser presuntas fichas del espionaje estadounidense rechazaron hoy esa versión y exigieron un "derecho a réplica" ante la Asamblea Nacional (AN).
La decena de informadores, en su mayoría empleados en medios opositores venezolanos, dijo en rueda de prensa que estudian iniciar demandas legales contra los sectores oficialistas que los acusan de recibir fondos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desarrollar una campaña mediática en contra del gobierno.
Los señalamientos de que serían "agentes de la CIA" constituyen "difamación" e "incitación al odio", e incluso podrían hacer peligrar sus vidas y la de sus familias, argumentó el grupo de periodistas.
Varios diputados de la AN, de 167 miembros, todos oficialistas, y otros sectores afectos al gobierno del presidente Hugo Chávez han dicho que tienen una lista de 33 periodistas que, según ellos, habrían recibido dinero de la Inteligencia de Estados Unidos.
El periodista Alfredo Meza dijo que él, al igual que la mayoría de los sus colegas señalados de ser "agentes de la CIA", han ido a Estados Unidos a hacer "cursos de mejoramiento profesional", y que sectores oficialistas han tomado el hecho como excusa para acusarlos de "usar el periodismo para desestabilizar" el país.
"Queremos ejercer nuestro derecho a réplica en Asamblea Nacional en los mismos términos en los que fuimos acusados", dijo por su parte la periodista Maye Primera.
PERIODISTAS ACUSADOS DE RECIBIR FONDOS DE EEUU EXIGEN DERECHO A RÉPLICA
Un grupo de periodistas venezolanos acusados por diputados oficialistas de ser presuntas fichas del espionaje estadounidense rechazaron hoy esa versión y exigieron un "derecho a réplica" ante la Asamblea Nacional (AN).
La decena de informadores, en su mayoría empleados en medios opositores venezolanos, dijo en rueda de prensa que estudian iniciar demandas legales contra los sectores oficialistas que los acusan de recibir fondos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desarrollar una campaña mediática en contra del gobierno.
Los señalamientos de que serían "agentes de la CIA" constituyen "difamación" e "incitación al odio", e incluso podrían hacer peligrar sus vidas y la de sus familias, argumentó el grupo de periodistas.
Varios diputados de la AN, de 167 miembros, todos oficialistas, y otros sectores afectos al gobierno del presidente Hugo Chávez han dicho que tienen una lista de 33 periodistas que, según ellos, habrían recibido dinero de la Inteligencia de Estados Unidos.
El periodista Alfredo Meza dijo que él, al igual que la mayoría de los sus colegas señalados de ser "agentes de la CIA", han ido a Estados Unidos a hacer "cursos de mejoramiento profesional", y que sectores oficialistas han tomado el hecho como excusa para acusarlos de "usar el periodismo para desestabilizar" el país.
"Queremos ejercer nuestro derecho a réplica en Asamblea Nacional en los mismos términos en los que fuimos acusados", dijo por su parte la periodista Maye Primera.
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Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@felatracs.org; web: www.felatracs.org o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@felatracs.org; web: www.felatracs.org o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
