Editado por: Equipo de Redacción OLA
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11 de noviembre 2008
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ARGENTINA
FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE ORGANIZÓ MOVILIZACIÓN CONTRA JUICIO ORAL A PERIODISTAS
La Federación Gráfica Bonaerense (FGB) convocó a un acto y movilización a las puertas de Artes Gráficas Rioplatenses (Grupo Clarín) en repudio al juicio oral al que serán sometidos un grupo de trabajadores por una huelga realizada en el 2004. Los trabajadores y la Federación dan así inicio a una pelea por la libertad sindical y el derecho a huelga.
En el 2004 los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses en reclamo a una serie de anormalidades en la aplicación del convenio colectivo de trabajo decidieron hacer un paro de actividades como medida de fuerza.
El Grupo Clarín decidió demandar penalmente a la comisión interna de AGR. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 12, que los sobreseyó en primera instancia, pasó a la Cámara Penal Nº 7 que ordena el procesamiento de los delegados y eleva la causa a juicio oral. En principio programado por el juzgado Nº 13 para el 10 de noviembre, pasó para marzo de 2009 a pedido del grupo Clarín.
Los delegados involucrados por Clarín en la causa son: Luís Siri, Nicolás Rivera, Javier Alfonso y Cristian Quiroz.
La Federación Gráfica Bonaerense, convocó para a los sindicatos hermanos, la Central General de Trabajadores (CGT) y a las organizaciones sociales para manifestar y defender el derecho a huelga y la liberad sindical. Estuvieron presentes las comisiones internas de los gráficos del diario Crónica, La Nación, Clarín y de otras empresas gráficas.
Una delegación del sindicato de camioneros de Hugo Moyano expresó su apoyo gremial, lo mismo que el sindicato de canillitas. El Movimiento Evita, junto a otras organizaciones sociales, confirmó que acompañarán a los trabajadores organizados en esa lucha.
Según dirigentes de la FGB, "si el grupo Clarín es capaz de mandar a juicio a trabajadores organizados que hacen uso de su derecho constitucional de huelga, entonces se acabó el derecho laboral en el país".
FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE ORGANIZÓ MOVILIZACIÓN CONTRA JUICIO ORAL A PERIODISTAS
La Federación Gráfica Bonaerense (FGB) convocó a un acto y movilización a las puertas de Artes Gráficas Rioplatenses (Grupo Clarín) en repudio al juicio oral al que serán sometidos un grupo de trabajadores por una huelga realizada en el 2004. Los trabajadores y la Federación dan así inicio a una pelea por la libertad sindical y el derecho a huelga.
En el 2004 los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses en reclamo a una serie de anormalidades en la aplicación del convenio colectivo de trabajo decidieron hacer un paro de actividades como medida de fuerza.
El Grupo Clarín decidió demandar penalmente a la comisión interna de AGR. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 12, que los sobreseyó en primera instancia, pasó a la Cámara Penal Nº 7 que ordena el procesamiento de los delegados y eleva la causa a juicio oral. En principio programado por el juzgado Nº 13 para el 10 de noviembre, pasó para marzo de 2009 a pedido del grupo Clarín.
Los delegados involucrados por Clarín en la causa son: Luís Siri, Nicolás Rivera, Javier Alfonso y Cristian Quiroz.
La Federación Gráfica Bonaerense, convocó para a los sindicatos hermanos, la Central General de Trabajadores (CGT) y a las organizaciones sociales para manifestar y defender el derecho a huelga y la liberad sindical. Estuvieron presentes las comisiones internas de los gráficos del diario Crónica, La Nación, Clarín y de otras empresas gráficas.
Una delegación del sindicato de camioneros de Hugo Moyano expresó su apoyo gremial, lo mismo que el sindicato de canillitas. El Movimiento Evita, junto a otras organizaciones sociales, confirmó que acompañarán a los trabajadores organizados en esa lucha.
Según dirigentes de la FGB, "si el grupo Clarín es capaz de mandar a juicio a trabajadores organizados que hacen uso de su derecho constitucional de huelga, entonces se acabó el derecho laboral en el país".
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COLOMBIA
ENCARCELARÍAN A DIRECTOR DE REVISTA SEMANA POR DESACATO
Una intensa polémica acerca de la libertad de prensa en Colombia y los alcances de la justicia al acoger solicitudes de rectificación se desató en el país, debido a la orden judicial de que la revista Semana rectifique por tercera vez una información y la posibilidad de que su director, Alejandro Santos Rubino, termine en la cárcel por desacato.
El periodista sufriría el castigo debido a que un juez que tramita una acción de tutela instaurada por el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araujo, para que se rectifique una información publicada por la revista, considera que las dos rectificaciones ya hechas son insuficientes.
El hecho provocó un pronunciamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el que si bien manifiesta su respeto por las decisiones y procesos judiciales, considera que luego de dos rectificaciones la sanción es desproporcionada. El organismo también asegura que la actuación judicial iría en contravía de las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional sobre la libertad de expresión.
De acuerdo con la denuncia formulada por la FLIP, el magistrado Escobar interpuso una acción de tutela tras la divulgación del artículo publicado por Semana el pasado 28 de abril bajo el título "El Mecenas de la justicia". En dicha nota investigativa se asegura que Ascencio Reyes, poco conocido por la opinión pública y propietario de una agencia de viajes, tendría una influencia profunda entre los integrantes del más alto nivel de la Justicia, incluidos magistrados de las altas cortes y trabajadores de la Fiscalía General.
Según publicó en aquella oportunidad la revista, dicha influencia y la aparente cercanía de Reyes con los altos funcionarios sería una situación calificada de inquietante, debido a que se trata de una persona quien tiene nexos comerciales con una persona acusada de narcotráfico.
ENCARCELARÍAN A DIRECTOR DE REVISTA SEMANA POR DESACATO
Una intensa polémica acerca de la libertad de prensa en Colombia y los alcances de la justicia al acoger solicitudes de rectificación se desató en el país, debido a la orden judicial de que la revista Semana rectifique por tercera vez una información y la posibilidad de que su director, Alejandro Santos Rubino, termine en la cárcel por desacato.
El periodista sufriría el castigo debido a que un juez que tramita una acción de tutela instaurada por el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araujo, para que se rectifique una información publicada por la revista, considera que las dos rectificaciones ya hechas son insuficientes.
El hecho provocó un pronunciamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el que si bien manifiesta su respeto por las decisiones y procesos judiciales, considera que luego de dos rectificaciones la sanción es desproporcionada. El organismo también asegura que la actuación judicial iría en contravía de las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional sobre la libertad de expresión.
De acuerdo con la denuncia formulada por la FLIP, el magistrado Escobar interpuso una acción de tutela tras la divulgación del artículo publicado por Semana el pasado 28 de abril bajo el título "El Mecenas de la justicia". En dicha nota investigativa se asegura que Ascencio Reyes, poco conocido por la opinión pública y propietario de una agencia de viajes, tendría una influencia profunda entre los integrantes del más alto nivel de la Justicia, incluidos magistrados de las altas cortes y trabajadores de la Fiscalía General.
Según publicó en aquella oportunidad la revista, dicha influencia y la aparente cercanía de Reyes con los altos funcionarios sería una situación calificada de inquietante, debido a que se trata de una persona quien tiene nexos comerciales con una persona acusada de narcotráfico.
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CUBA
UN PERIODISTA INDEPENDIENTE ARRESTADO ARBITRARIAMENTE
Agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) arrestaron en plena vía pública el miércoles 5 de noviembre a Roberto de Jesús Guerra Pérez, periodista independiente y director del Centro de Información de la Corriente Martiana.
La detención se produjo cuando salía de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana (SINA) donde había participado en una vídeoconferencia sobre el proyecto cultural Adolescentes y Bibliotecas, patrocinado por la Universidad de Arlington.
La detención del periodista independiente la dio a conocer Roberto de Miranda Hernández, ex prisionero político, quien lo acompañaba en el momento en que fue arrestado en la calle Línea, en el Vedado.
"Roberto fue detenido por dos agentes del DSE, que no se identificaron hasta que él lo exigió. Luego lo subieron a un auto Lada rojo con chapa particular, pero los agentes no me dijeron adónde lo llevaban", indicó Miranda.
La semana pasada Ismaris Salomón, esposa de Roberto de Jesús, fue detenida también al salir de la SINA después de participar en las clases de periodismo que imparte la Universidad Internacional de Florida. Ismaris tiene seis meses de embarazo.
Los agentes la amenazaron con el pretexto de que ella se propone formar una agencia independiente de mujeres periodistas que llevaría el nombre de Rosa Berre, fundadora de CubaNet.
"Mi esposo, desde el año 2003, ha sido arrestado en 76 ocasiones por la policía política, según datos de tres organizaciones de derechos humanos, y ha cumplido dos condenas por su trabajo como periodista independiente y sus denuncia de las violaciones de derechos humanos en Cuba", dijo Ismaris Salomón.
UN PERIODISTA INDEPENDIENTE ARRESTADO ARBITRARIAMENTE
Agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) arrestaron en plena vía pública el miércoles 5 de noviembre a Roberto de Jesús Guerra Pérez, periodista independiente y director del Centro de Información de la Corriente Martiana.
La detención se produjo cuando salía de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana (SINA) donde había participado en una vídeoconferencia sobre el proyecto cultural Adolescentes y Bibliotecas, patrocinado por la Universidad de Arlington.
La detención del periodista independiente la dio a conocer Roberto de Miranda Hernández, ex prisionero político, quien lo acompañaba en el momento en que fue arrestado en la calle Línea, en el Vedado.
"Roberto fue detenido por dos agentes del DSE, que no se identificaron hasta que él lo exigió. Luego lo subieron a un auto Lada rojo con chapa particular, pero los agentes no me dijeron adónde lo llevaban", indicó Miranda.
La semana pasada Ismaris Salomón, esposa de Roberto de Jesús, fue detenida también al salir de la SINA después de participar en las clases de periodismo que imparte la Universidad Internacional de Florida. Ismaris tiene seis meses de embarazo.
Los agentes la amenazaron con el pretexto de que ella se propone formar una agencia independiente de mujeres periodistas que llevaría el nombre de Rosa Berre, fundadora de CubaNet.
"Mi esposo, desde el año 2003, ha sido arrestado en 76 ocasiones por la policía política, según datos de tres organizaciones de derechos humanos, y ha cumplido dos condenas por su trabajo como periodista independiente y sus denuncia de las violaciones de derechos humanos en Cuba", dijo Ismaris Salomón.
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MÉXICO
SOLICITAN CONDENA DE 50 AÑOS PARA ASESINOS DE PERIODISTAS
La pena máxima de hasta 50 años de cárcel para sancionar el delito de homicidio contra periodistas, plantea una iniciativa de reforma al Código Penal de la fracción del Partido de Acción Nacional (PAN).
Los promotores del proyecto argumentan esta petición en el papel que los medios juegan en la consolidación de la democracia del país.
"Existe una gran preocupación por el Estado mexicano de sancionar a los responsables de los delitos cometidos en agravio de periodistas, reporteros, corresponsales y, en general, de comunicadores nacionales o extranjeros que ejerzan el derecho a la información y comunicación dentro del territorio nacional", señala el documento.
Actualmente México ocupa el segundo lugar nacional en asesinatos contra periodistas, de acuerdo a organismos internacionales que luchan por la libertad de expresión como Reporteros Sin Fronteras.
La iniciativa panista planeta reformar diversas fracciones del artículo 139 de la legislación penal vigente.
SOLICITAN CONDENA DE 50 AÑOS PARA ASESINOS DE PERIODISTAS
La pena máxima de hasta 50 años de cárcel para sancionar el delito de homicidio contra periodistas, plantea una iniciativa de reforma al Código Penal de la fracción del Partido de Acción Nacional (PAN).
Los promotores del proyecto argumentan esta petición en el papel que los medios juegan en la consolidación de la democracia del país.
"Existe una gran preocupación por el Estado mexicano de sancionar a los responsables de los delitos cometidos en agravio de periodistas, reporteros, corresponsales y, en general, de comunicadores nacionales o extranjeros que ejerzan el derecho a la información y comunicación dentro del territorio nacional", señala el documento.
Actualmente México ocupa el segundo lugar nacional en asesinatos contra periodistas, de acuerdo a organismos internacionales que luchan por la libertad de expresión como Reporteros Sin Fronteras.
La iniciativa panista planeta reformar diversas fracciones del artículo 139 de la legislación penal vigente.
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Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: www.felatracs.net
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: www.felatracs.net
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
