Editado por: Equipo de Redacción OLA
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25 de abril 2008
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COLOMBIA
AMARC DENUNCIA AMENAZAS CONTRA EMISORAS COMUNITARIAS
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) se suma al enérgico rechazo expresado por la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG) contra las amenazas de muerte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las victimas de esta situación son el sacerdote Rafael Gallego, promotor y representante de la radio comunitaria Ecos de Tiquisio de la localidad de Tiquisio al Sur de Bolívar, y otros sacerdotes y miembros de organizaciones sociales de la región.
En un comunicado de prensa emitido el 16 de abril, AREDMAG denuncia las amenazas de muerte contra los integrantes de varias organizaciones sociales, los sacerdotes del sur de Bolívar y los miembros el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM).
Según denuncia esta red de emisoras comunitarias asociada a AMARC, las amenazas llegaron a través de un correo electrónico firmado por el "Comandante Camilo Mora" del Bloque Norte de la Águilas Negras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El texto los declara "objetivos militares" y anuncia la ejecución de un "plan de aniquilamiento" en el que "serán exterminados uno a uno por orden de lista".
El sacerdote Rafael Gallego es gestor de la emisora comunitaria del municipio de Tiquisio y de otras iniciativas de comunicación de base en el Magdalena Medio.
AMARC DENUNCIA AMENAZAS CONTRA EMISORAS COMUNITARIAS
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) se suma al enérgico rechazo expresado por la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG) contra las amenazas de muerte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las victimas de esta situación son el sacerdote Rafael Gallego, promotor y representante de la radio comunitaria Ecos de Tiquisio de la localidad de Tiquisio al Sur de Bolívar, y otros sacerdotes y miembros de organizaciones sociales de la región.
En un comunicado de prensa emitido el 16 de abril, AREDMAG denuncia las amenazas de muerte contra los integrantes de varias organizaciones sociales, los sacerdotes del sur de Bolívar y los miembros el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM).
Según denuncia esta red de emisoras comunitarias asociada a AMARC, las amenazas llegaron a través de un correo electrónico firmado por el "Comandante Camilo Mora" del Bloque Norte de la Águilas Negras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El texto los declara "objetivos militares" y anuncia la ejecución de un "plan de aniquilamiento" en el que "serán exterminados uno a uno por orden de lista".
El sacerdote Rafael Gallego es gestor de la emisora comunitaria del municipio de Tiquisio y de otras iniciativas de comunicación de base en el Magdalena Medio.
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MÉXICO
FISCAL QUE VE DELITOS CONTRA LA PRENSA LIMITADO LEGALMENTE
El fiscal de la Procuraduría General de la República para la atención de delitos cometidos contra periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, reconoció que la dependencia a su cargo se encuentra limitada para la investigación de algunos casos graves, como el de las dos comunicadoras triquis de Oaxaca, debido a que éstos caen en el ámbito de competencia estatal.
Durante un seminario en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el fiscal pidió al Congreso de la Unión aprobar la propuesta para federalizar cualquier delito cometido contra trabajadores de los medios de comunicación, iniciativa que desde hace un mes se encuentra en su poder.
Orellana Wiarco reconoció que hoy, como hace un año, cuando fue creada la fiscalía a su cargo, dirige un organismo "acotado en sus atribuciones y competencias. Hablando con toda propiedad, sí está acotado en el sentido de que no podemos conocer más que asuntos que sean del fuero federal, o que existan delitos de ambos fueros (común y federal). Sería el caso en el que el agresor fuera un servidor público federal, o que en la agresión se disparara un arma de alto poder".
Tal sería el caso de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, comunicadoras indígenas, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, del ayuntamiento popular de San Juan Copala, Oaxaca, que murieron acribilladas el pasado 7 de abril.
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MÉXICO
FISCAL QUE VE DELITOS CONTRA LA PRENSA LIMITADO LEGALMENTE
El fiscal de la Procuraduría General de la República para la atención de delitos cometidos contra periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, reconoció que la dependencia a su cargo se encuentra limitada para la investigación de algunos casos graves, como el de las dos comunicadoras triquis de Oaxaca, debido a que éstos caen en el ámbito de competencia estatal.
Durante un seminario en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el fiscal pidió al Congreso de la Unión aprobar la propuesta para federalizar cualquier delito cometido contra trabajadores de los medios de comunicación, iniciativa que desde hace un mes se encuentra en su poder.
Orellana Wiarco reconoció que hoy, como hace un año, cuando fue creada la fiscalía a su cargo, dirige un organismo "acotado en sus atribuciones y competencias. Hablando con toda propiedad, sí está acotado en el sentido de que no podemos conocer más que asuntos que sean del fuero federal, o que existan delitos de ambos fueros (común y federal). Sería el caso en el que el agresor fuera un servidor público federal, o que en la agresión se disparara un arma de alto poder".
Tal sería el caso de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, comunicadoras indígenas, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, del ayuntamiento popular de San Juan Copala, Oaxaca, que murieron acribilladas el pasado 7 de abril.
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Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@felatracs.org; Web: www.felatracs.org
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@felatracs.org; Web: www.felatracs.org
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
