Editado por: Equipo de Redacción OLA
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16 de octubre 2008
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EL SALVADOR
PERIODISTAS SE NIEGAN A SER OBLIGADOS A DECLARAR ANTE TRIBUNALES
Periodistas rechazaron la obligatoriedad de declarar ante los tribunales en casos graves, como lo plantea el artículo 206 del anteproyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal.
Según el artículo, los periodistas estarán obligados a declarar cuando su testimonio sea la única prueba existente o cuando la información sea indispensable para salvaguardar la vida, la integridad física o la libertad de una persona.
Al respecto, Rafael Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), manifestó que con esa normativa se estaría poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores de prensa, quienes se convertirían en un objetivo para los delincuentes: "Si se es la última prueba y eres figura pública se estaría poniendo en riesgo al periodista, y el Estado no tiene capacidad para protegerlo".
Por su parte, William Meléndez, director de noticias de Canal 12, manifestó que es un caso "sumamente delicado" y puede convertirse en "una cuestión recurrente" de parte de la justicia, citar a periodistas.
"El periodista se puede convertir en blanco directo de las personas que están cometiendo un delito, porque se convierte en testigo directo", dijo Meléndez.
Añadió que los diputados deberían convocar a los trabajadores de prensa, para que planteen sus interrogantes y preocupaciones al respecto.
Ernesto López, director de entrevistas de Canal 21, manifestó que esta disposición estaría coartando directamente el libre ejercicio de la profesión.
PERIODISTAS SE NIEGAN A SER OBLIGADOS A DECLARAR ANTE TRIBUNALES
Periodistas rechazaron la obligatoriedad de declarar ante los tribunales en casos graves, como lo plantea el artículo 206 del anteproyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal.
Según el artículo, los periodistas estarán obligados a declarar cuando su testimonio sea la única prueba existente o cuando la información sea indispensable para salvaguardar la vida, la integridad física o la libertad de una persona.
Al respecto, Rafael Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), manifestó que con esa normativa se estaría poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores de prensa, quienes se convertirían en un objetivo para los delincuentes: "Si se es la última prueba y eres figura pública se estaría poniendo en riesgo al periodista, y el Estado no tiene capacidad para protegerlo".
Por su parte, William Meléndez, director de noticias de Canal 12, manifestó que es un caso "sumamente delicado" y puede convertirse en "una cuestión recurrente" de parte de la justicia, citar a periodistas.
"El periodista se puede convertir en blanco directo de las personas que están cometiendo un delito, porque se convierte en testigo directo", dijo Meléndez.
Añadió que los diputados deberían convocar a los trabajadores de prensa, para que planteen sus interrogantes y preocupaciones al respecto.
Ernesto López, director de entrevistas de Canal 21, manifestó que esta disposición estaría coartando directamente el libre ejercicio de la profesión.
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MÉXICO
CPJ DENUNCIA AL NARCOTRÁFICO COMO UNA AMENAZA PENDIENTE SOBRE PERIODISTAS
Las matanzas, amenazas y presiones a los periodistas por parte de los cárteles de la droga en México constituyen una amenaza a la libertad de expresión y merecen mayor atención por parte de la prensa mundial, coincidieron expertos en una conferencia el jueves último.
En la conferencia titulada "Silenciados por el miedo" (Scared Silent), patrocinada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, periodistas, académicos, activistas y estudiantes de la comunicación social analizaron los peligros que el narcotráfico plantea para los comunicadores en México.
La corrupción, la impunidad, la falta de leyes apropiadas y la indiferencia de amplios sectores de la sociedad fueron algunos de los principales factores mencionados por los participantes.
Siete periodistas han sido asesinados en México por su cobertura desde el 2000, y 16 por razones no esclarecidas, según cifras del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
CPJ DENUNCIA AL NARCOTRÁFICO COMO UNA AMENAZA PENDIENTE SOBRE PERIODISTAS
Las matanzas, amenazas y presiones a los periodistas por parte de los cárteles de la droga en México constituyen una amenaza a la libertad de expresión y merecen mayor atención por parte de la prensa mundial, coincidieron expertos en una conferencia el jueves último.
En la conferencia titulada "Silenciados por el miedo" (Scared Silent), patrocinada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, periodistas, académicos, activistas y estudiantes de la comunicación social analizaron los peligros que el narcotráfico plantea para los comunicadores en México.
La corrupción, la impunidad, la falta de leyes apropiadas y la indiferencia de amplios sectores de la sociedad fueron algunos de los principales factores mencionados por los participantes.
Siete periodistas han sido asesinados en México por su cobertura desde el 2000, y 16 por razones no esclarecidas, según cifras del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
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PERÚ
DETENCIÓN DE MAGALY MEDINA ES FUNESTO PRECEDENTE PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó ante la opinión pública su honda preocupación por el futuro de la labor periodística en el país, como consecuencia de la resolución dictada por el 27 juzgado penal de Lima, que afecta la libertad personal de la periodista Magaly Medina y, consecuentemente, trasciende en perjuicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.
A juicio de la ANP, la mencionada resolución judicial sienta funesto precedente y, posiblemente, sirva de referente, con el consiguiente menoscabo del ejercicio de la profesión, cuando se trate de investigaciones y coberturas que involucran a funcionarios de la administración pública y personajes públicos que perpetren actos de corrupción o abuso de autoridad.
La ANP sostuvo que la colectividad peruana debe tener presente, a este efecto, las veces en que las personas involucradas en tales delitos, con frecuencia han optado por querellar a los periodistas con el objeto de atemorizarles u obligarles a silenciarse, cuando no, con la equivocada participación de quienes están obligados a la recta administración de justicia.
Sobre el caso concreto de la periodista Magaly Medina, la ANP consideró que lo ocurrido ratifica que en nuestro país los llamados "delitos de prensa" se resuelven en contradicción con lo que recomienda sobre el particular la doctrina moderna, tal como en repetidas veces lo ha hecho saber la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que ha hecho que en algunos países de América Latina se haya procedido a la despenalización de los mismos, para que se ventilen en el fuero civil, con las sanciones a que haya lugar.
La ANP dejó en claro que aún cuando no comparte el comportamiento ético de algunos comunicadores, corresponde a la opinión pública comprender que el Estado o los gobiernos están en el deber de no abdicar en el pleno respeto a la libertad de prensa, por cuanto esta permite conocer lo que ocurre en los diversos estamentos de la vida pública.
DETENCIÓN DE MAGALY MEDINA ES FUNESTO PRECEDENTE PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó ante la opinión pública su honda preocupación por el futuro de la labor periodística en el país, como consecuencia de la resolución dictada por el 27 juzgado penal de Lima, que afecta la libertad personal de la periodista Magaly Medina y, consecuentemente, trasciende en perjuicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.
A juicio de la ANP, la mencionada resolución judicial sienta funesto precedente y, posiblemente, sirva de referente, con el consiguiente menoscabo del ejercicio de la profesión, cuando se trate de investigaciones y coberturas que involucran a funcionarios de la administración pública y personajes públicos que perpetren actos de corrupción o abuso de autoridad.
La ANP sostuvo que la colectividad peruana debe tener presente, a este efecto, las veces en que las personas involucradas en tales delitos, con frecuencia han optado por querellar a los periodistas con el objeto de atemorizarles u obligarles a silenciarse, cuando no, con la equivocada participación de quienes están obligados a la recta administración de justicia.
Sobre el caso concreto de la periodista Magaly Medina, la ANP consideró que lo ocurrido ratifica que en nuestro país los llamados "delitos de prensa" se resuelven en contradicción con lo que recomienda sobre el particular la doctrina moderna, tal como en repetidas veces lo ha hecho saber la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que ha hecho que en algunos países de América Latina se haya procedido a la despenalización de los mismos, para que se ventilen en el fuero civil, con las sanciones a que haya lugar.
La ANP dejó en claro que aún cuando no comparte el comportamiento ético de algunos comunicadores, corresponde a la opinión pública comprender que el Estado o los gobiernos están en el deber de no abdicar en el pleno respeto a la libertad de prensa, por cuanto esta permite conocer lo que ocurre en los diversos estamentos de la vida pública.
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Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: www.felatracs.org
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: www.felatracs.org
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
