Los dos hombres presentaban el programa informativo Al Tanto en Radiorama, emisora de radio local de Acapulco, en el estado de Guerrero.
Al atardecer del 6 de abril, cuando salía de las oficinas de Radiorama y entraba en su automóvil, alguien disparó contra Amado Ramírez y le alcanzó en la pierna y el pecho, y luego en la espalda cuando intentaba huir. El último disparo le causó la muerte. El mes anterior, Amado Ramírez había recibido, según los informes, una amenaza de muerte telefónica anónima durante una pausa de la retransmisión de su programa. Amado Ramírez, que también era corresponsal local de la cadena de televisión nacional Televisa, había informado sobre una investigación especial en torno al homicidio de policías locales, vinculando el crimen con el narcotráfico. Varias personas más han sido asesinadas recientemente en Acapulco durante una oleada de homicidios relacionados con los carteles de la droga que actúan en los estados de la costa oeste mexicana.
El 7 de abril, el guardia de seguridad de Radiorama recibió una llamada anónima en la que le dijeron: "no hemos acabado, nos falta uno y es Misa", haciendo referencia a Misael Habana.
Las autoridades del estado de Guerrero están investigando los motivos de este crimen, y dos hombres fueron detenidos para ser interrogados el 10 de abril en relación con el asesinato. A Amnistía Internacional le preocupa que, a menos que las autoridades estatales y federales investiguen el caso exhaustivamente y garanticen protección a Misael Habana, otros periodistas puedan correr un peligro similar y empeore aún más el ambiente en el que los profesionales del periodismo desempeñan su fundamental trabajo.
Información Complementaria:
Organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales han denunciado los altos índices de violencia contra periodistas en México durante los últimos seis años. En 2006, al menos 10 periodistas fueron asesinados, y varios más fueron secuestrados, según los informes. Los periodistas que informan sobre la corrupción y las actividades de las redes de delincuencia organizada corren especial peligro. Reconociendo el aumento de los ataques contra periodistas en todo el país y la inacción de las autoridades estatales a la hora de hacer rendir cuentas a los responsables, las autoridades federales establecieron en febrero de 2006 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, con el fin de mejorar la investigación de estos casos. No obstante, existe una impunidad casi total para estos crímenes, y la Fiscalía Especial no ha llevado a cabo procesamientos fructíferos sobre ninguno de los más de 100 casos que está investigando. Las medidas de protección de que disponen los periodistas son escasas e inadecuadas, y la actitud de muchas autoridades que no demuestran un apoyo claro a la labor de los periodistas en todo el país ha contribuido a crear un entorno cada vez más difícil que socava el derecho a la libertad de expresión.