Editado por: Equipo de Redacción OLA
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10 de mayo 2007
BRASIL
AMENAZAN DE MUERTE A PERIODISTA
El periodista Justino Oliveira Filho, presentador del programa independiente Aqui e Agora, transmitido por la TV Difusora, en el estado de Maranhão, al noreste del país, denunció haber recibido amenazas contra su vida.
El comunicador, quien cuestiona la pobreza en su programas, la gestión administrativa de los alcaldes de la región, además de la política, recibe amenazas de muerte desde febrero de este año.
La amenaza más grave ocurrió el 22 de marzo cuando el periodista se encontraba en un restaurante y cuatro hombres, entre éstos dos hijos del alcalde de la ciudad vecina de Davinópolis, le reprocharon de forma agresiva por sus críticas al alcalde.
AMENAZAN DE MUERTE A PERIODISTA
El periodista Justino Oliveira Filho, presentador del programa independiente Aqui e Agora, transmitido por la TV Difusora, en el estado de Maranhão, al noreste del país, denunció haber recibido amenazas contra su vida.
El comunicador, quien cuestiona la pobreza en su programas, la gestión administrativa de los alcaldes de la región, además de la política, recibe amenazas de muerte desde febrero de este año.
La amenaza más grave ocurrió el 22 de marzo cuando el periodista se encontraba en un restaurante y cuatro hombres, entre éstos dos hijos del alcalde de la ciudad vecina de Davinópolis, le reprocharon de forma agresiva por sus críticas al alcalde.
CHILE
PERIODISTAS PROTESTAN POR FALLO
QUE PROHIBE INFORMAR SOBRE CASO ''SAKARACH''
El Colegio de Periodistas de Chile expresó su rotundo rechazo a la "prohibición de informar" dictada por la jueza del Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Quijada sobre el caso de Rafael Maureira, alias "Sakarach".
"Los tribunales han sido absolutamente ineficientes y ahora quieren poner un manto de oscuridad en los hechos que la ciudadanía puede conocer sobre el caso", advirtieron los comunicadores chilenos.
"Confiamos en que la jueza, aunque a nuestro juicio está totalmente equivocada, persiga hacer más eficiente la búsqueda del prófugo y no que ésta sea una medida destinada a encubrir los evidentes errores cometidos en este caso", manifestó el presidente del gremio, Luis Conejeros.
El dirigente informó que ejercerán todas las acciones pertinentes para revertir "la desafortunada medida".
Según la resolución judicial, el objetivo es evitar que las informaciones sobre el prófugo pedófilo traben las diligencias policiales para ubicarlo.
El oficio señala que en esta causa "por el delito de violación y abuso sexual, se prohíbe informar a los medios de prensa escritos, televisivos, radiales y virtuales sobre la captura del prófugo Rafael Humberto Maureira Trujillo".
El Colegio de Periodistas de Chile expresó su rotundo rechazo a la "prohibición de informar" dictada por la jueza del Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Quijada sobre el caso de Rafael Maureira, alias "Sakarach".
"Los tribunales han sido absolutamente ineficientes y ahora quieren poner un manto de oscuridad en los hechos que la ciudadanía puede conocer sobre el caso", advirtieron los comunicadores chilenos.
"Confiamos en que la jueza, aunque a nuestro juicio está totalmente equivocada, persiga hacer más eficiente la búsqueda del prófugo y no que ésta sea una medida destinada a encubrir los evidentes errores cometidos en este caso", manifestó el presidente del gremio, Luis Conejeros.
El dirigente informó que ejercerán todas las acciones pertinentes para revertir "la desafortunada medida".
Según la resolución judicial, el objetivo es evitar que las informaciones sobre el prófugo pedófilo traben las diligencias policiales para ubicarlo.
El oficio señala que en esta causa "por el delito de violación y abuso sexual, se prohíbe informar a los medios de prensa escritos, televisivos, radiales y virtuales sobre la captura del prófugo Rafael Humberto Maureira Trujillo".
Asimismo, anticipó que "el no cumplimiento a las órdenes impartidas por este tribunal se tomará como un desacato" y que el cumplimiento de la prohibición urge "por tratarse de causa de connotación pública".
MÉXICO
CPJ DEMANDA A GOBIERNO PROTEGER
A PERIODISTAS DE ATAQUES
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) solicitó al gobierno federal adoptar medidas concretas para proteger la libertad de prensa y procesar a los responsables de crímenes contra periodistas.
Durante una reunión con el embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhan Casamitjana, dirigentes del CPJ expresaron su preocupación por la ola de ataques letales contra la prensa e instaron al gobierno mexicano a fortalecer la procuraduría especial de delitos contra periodistas y a hacer de la protección de la libertad de expresión una responsabilidad federal.
Desde que la guerra entre poderosos carteles de la droga se intensificó en el 2004, los reporteros locales que informan sobre crimen organizado y narcotráfico enfrentan graves peligros.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) solicitó al gobierno federal adoptar medidas concretas para proteger la libertad de prensa y procesar a los responsables de crímenes contra periodistas.
Durante una reunión con el embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhan Casamitjana, dirigentes del CPJ expresaron su preocupación por la ola de ataques letales contra la prensa e instaron al gobierno mexicano a fortalecer la procuraduría especial de delitos contra periodistas y a hacer de la protección de la libertad de expresión una responsabilidad federal.
Desde que la guerra entre poderosos carteles de la droga se intensificó en el 2004, los reporteros locales que informan sobre crimen organizado y narcotráfico enfrentan graves peligros.
NICARAGUA
RECHAZAN NORMA QUE IMPIDE
TRABAJO DE LOS PERIODISTAS
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, consideró que la decisión de los contralores de utilizar recursos de su presupuesto para mover un portón y cerrar con ello el paso a los periodistas, se opone al trabajo de fiscalización del buen uso de los fondos públicos.
"Esto raya con el tema del manejo adecuado de los recursos públicos, porque se trata de un gasto superfluo, y la contraloría debería, como ente fiscalizador, evitar este tipo de asuntos, porque entonces hablamos de una institución que no empieza a hacer su trabajo en casa", expresó.
Para Carrión no se trata sólo del hecho del recurso invertido o gastado en mover ese portón, sino del contrasentido que eso supone, pues "la contraloría vigila el uso de los fondos de forma adecuada, y eso debería de comenzar por ellos mismos".
Los contralores cerraron el paso a los periodistas y fotógrafos al aprobar el traslado del portón que lleva al parqueo interno del ente fiscalizador, desde el cual se observaba a los personajes que se reúnen con los colegiados lejos de las cámaras y de las grabadoras.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, consideró que la decisión de los contralores de utilizar recursos de su presupuesto para mover un portón y cerrar con ello el paso a los periodistas, se opone al trabajo de fiscalización del buen uso de los fondos públicos.
"Esto raya con el tema del manejo adecuado de los recursos públicos, porque se trata de un gasto superfluo, y la contraloría debería, como ente fiscalizador, evitar este tipo de asuntos, porque entonces hablamos de una institución que no empieza a hacer su trabajo en casa", expresó.
Para Carrión no se trata sólo del hecho del recurso invertido o gastado en mover ese portón, sino del contrasentido que eso supone, pues "la contraloría vigila el uso de los fondos de forma adecuada, y eso debería de comenzar por ellos mismos".
Los contralores cerraron el paso a los periodistas y fotógrafos al aprobar el traslado del portón que lleva al parqueo interno del ente fiscalizador, desde el cual se observaba a los personajes que se reúnen con los colegiados lejos de las cámaras y de las grabadoras.
URUGUAY
RESALTAN FALLO EN FAVOR
DE RADIOS COMERCIALES
La Asociación de Prensa Uruguaya (APU) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay (AMARC) manifestaron "su satisfacción" por la decisión de revocar las concesiones de las emisoras controladas por el Grupo Rupenián.
Los mencionados organismos entregaron una carta al presidente Tabaré Vázquez, el Ministerio de Industria y la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones (URSEC) en la que expresan su opinión ante la revocación de cuatro radios comerciales del Grupo Rupenián y varios llamados a interesados para frecuencias FM en el Interior del país, luego "de un proceso administrativo que respetó las garantías indispensables en un Estado de Derecho".
Desde fines de 2005 APU, PIT-CNT, AMARC, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, junto a otras organizaciones y personas integrantes del Foro de Comunicación y Participación Ciudadana, demandaban un fallo en torno a la revocación de estos permisos, luego de las constataciones de la Dirección General de Impositiva acerca de que estas frecuencias eran utilizadas por sus titulares para defraudar al propio Estado que subsidiaba su actividad.
"Las frecuencias forman parte del patrimonio de los uruguayos y uruguayas y ahora aspiramos a que sean reutilizadas en función del interés público. Por eso solicitamos que no se otorguen mientras no se estudie detenidamente su destino definitivo en función de una nueva Política Nacional de Comunicaciones", expresaron.
La Asociación de Prensa Uruguaya (APU) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay (AMARC) manifestaron "su satisfacción" por la decisión de revocar las concesiones de las emisoras controladas por el Grupo Rupenián.
Los mencionados organismos entregaron una carta al presidente Tabaré Vázquez, el Ministerio de Industria y la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones (URSEC) en la que expresan su opinión ante la revocación de cuatro radios comerciales del Grupo Rupenián y varios llamados a interesados para frecuencias FM en el Interior del país, luego "de un proceso administrativo que respetó las garantías indispensables en un Estado de Derecho".
Desde fines de 2005 APU, PIT-CNT, AMARC, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, junto a otras organizaciones y personas integrantes del Foro de Comunicación y Participación Ciudadana, demandaban un fallo en torno a la revocación de estos permisos, luego de las constataciones de la Dirección General de Impositiva acerca de que estas frecuencias eran utilizadas por sus titulares para defraudar al propio Estado que subsidiaba su actividad.
"Las frecuencias forman parte del patrimonio de los uruguayos y uruguayas y ahora aspiramos a que sean reutilizadas en función del interés público. Por eso solicitamos que no se otorguen mientras no se estudie detenidamente su destino definitivo en función de una nueva Política Nacional de Comunicaciones", expresaron.
SENTENCIAN A PERIODISTA
Como un hecho de suma gravedad para la libertad de prensa en Uruguay calificó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la decisión de un juez que ratificó una condena de prisión de tres meses contra el periodista Gustavo Escanlar Patrone por el delito de "injuria".
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay confirmó el último 18 de abril en forma definitiva la sentencia dictada el 18 de mayo del 2006 contra Escanlar Patrone, que según las leyes vigentes en el país contempla penas de prisión para los delitos de "difamación", "injuria" y "desacato".
Gonzalo Marroquín, presidente la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijo que "con esta decisión, de castigar con la cárcel a un periodista, se incentiva la autocensura de los periodistas y ciudadanos uruguayos".
VENEZUELA
CIDH NOTIFICA A VENEZUELA
CIDH NOTIFICA A VENEZUELA
DENUNCIA DE PERIODISTAS DE RCTV
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el envío de una notificación al Estado venezolano con las conclusiones preliminares de los jueces que evaluaron la denuncia de dos periodistas de la cadena de televisión venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV), informó Arturo Monge, portavoz de la Corte.
"Se trata de los pasos procesales que el Estado necesita saber para realizar su defensa", dijo.
Monge aseguró que el informe se divulgará a la prensa después de que sea notificado el Estado venezolano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el envío de una notificación al Estado venezolano con las conclusiones preliminares de los jueces que evaluaron la denuncia de dos periodistas de la cadena de televisión venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV), informó Arturo Monge, portavoz de la Corte.
"Se trata de los pasos procesales que el Estado necesita saber para realizar su defensa", dijo.
Monge aseguró que el informe se divulgará a la prensa después de que sea notificado el Estado venezolano.
Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@felatracs.org; web: www.felatracs.org
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@felatracs.org; web: www.felatracs.org
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
