TERESA GURZAPublicado el: 18 -- 12-2007
Por correo que me mandó Eduardo Ibarra, director de Forum, me enteró que falleció Renato Ravelo, víctima de cáncer; y que pasó ocho de sus últimos doce días de vida en la sala de espera del Hospital López Mateos del ISSSTE.
Y de acuerdo a la información proporcionada a Forum por Federico Campbell Peña, médicos del López Mateos reconocieron que carecen de recursos humanos y financieros para desempeñar su trabajo.
Leo en el editorial del día 10 de este mes en La Jornada Morelos, que Gustavo Alonso Toscazo, columnista del diario Las noticias de la frontera, fue asesinado en Agua Prieta, Sonora, presumiblemente por sicarios que lo mataron a golpes.
Y que pocos días después, fue acribillado por balazos de cuerno de chivo el reportero Gerardo Israel García Pimentel, de La Opinión de Uruapan.
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Dice el editorial al que hice referencia, que "el clima de violencia que prevalece en México ha alcanzado a los periodistas que reportan todos los días la lista de ejecuciones y todas las huellas que va dejando la delincuencia organizada".
Ya en el sexenio de Vicente Fox por el número de homicidios y agresiones a sus comunicadores, México ocupó el segundo lugar mundial en la lista de países más riesgosos para ejercer la profesión; imagínense el horror ya que sin ser un país en guerra, México estaba en esa lista sólo después de Irak
Y el número de periodistas asesinados y agredidos en lo que va de la administración de Felipe Calderón, empieza a crecer muy rápidamente
Al respecto periodista Adriana Mújica me hizo llegar la carta de condena que la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos que encabeza Roberto Piñón, está circulando para protestar por el asesinato del compañero de Agua Prieta
En ella demandamos al gobierno federal y a los estatales, parar las agresiones contra quienes ejercen la libertad de expresión en forma profesional; y el fin de la impunidad.
Por su parte la Conferencia Regional sobre Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Periodistas, convocada por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y reunida a principios de este mes en Lima, Perú, emitió una resolución que advierte el alarmante deterioro en las condiciones de seguridad en las que los trabajadores de los medios de comunicación debemos desarrollar nuestra labor.
Precisa que en América Latina y el Caribe, fueron asesinados más de 300 periodistas en la última década; 60 de ellos en los dos últimos años.
Y que estos crímenes tienen una clara vinculación con sectores intolerantes que detentan el poder económico y político; y con actores informales, como el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo de Estado que actúan al margen de la ley.
A estos asesinatos se agregan amenazas de muerte, encarcelamientos, agresiones físicas, intimidaciones, persecuciones, presiones judiciales y psicológicas y otras violaciones que afectan la vida de los trabajadores de prensa.
Y todo en medio de la creciente indiferencia de los gobiernos para prevenir e investigar estos hechos; sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
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Entre los derechos humanos más vulnerados, están la falta de libertad sindical, salario digno, condiciones laborales adecuadas, estabilidad laboral y seguridad social. Además, la resolución indica que las empresas periodísticas usan mecanismos de presión editorial, que responden a intereses políticos y comerciales.
Y que al generar censura y autocensura atentan contra la libertad de expresión; y afectan directamente el derecho de la sociedad a estar informada.
La declaración la firman periodistas de México, Costa Rica, El Salvador, Chile, Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, Paraguay, Venezuela y Uruguay, que exhortan a los colegas latinoamericanos a consolidar la red de comunicación solidaria, para poder dar respuesta unitaria y contundente cuando en caso de agresiones a periodistas del continente.
Establece que la lucha en defensa de la verdad y el pluralismo informativo, es una forma de garantizar la democracia y desarrollar una cultura que de a los periodistas seguridad en el ejercicio de la profesión.
